Entre los más de 600 interesados en ocupar alguna de las cuatro consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE), hay funcionarios federales, abogados empresariales, activistas y hasta un militar.
La mayoría de los que se inscribieron ante el Comité Técnico de Evaluación del INE son personas que actualmente trabajan en órganos y autoridades electorales, ya sea locales o en el nacional, pero también hay quienes desde otras áreas pretenden brincar al ámbito electoral.
Algunos de los nombres que destacan por provenir del gobierno federal son:
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, directora general del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA); Ranmses Arturo Ruiz Cázares, subprocurador de la Procuraduría Fiscal; o Edgar Armando Aguirre González, que ocupa una dirección de área en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Además, Bertha María Luján Alcalde, actual comisionada de Operación Sanitaria en Cofepris, hermana de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, e hija de la morenista Bertha Lujan; Eduardo Almanza Franco, encargado de la Dirección Jurídica Contenciosa y Consultiva del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).
También Federico Huchim, ex coordinador de Órganos Internos de Control en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la gestión de Irma Eréndira Sandoval, cuyo hermano también se inscribió.
Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que, junto con su cuñado, John Ackerman, fue denunciante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Felipe Calderón por el presunto delito de genocidio.
Incluso, del gobierno federal, un militar se inscribió: Mark Bárcena Díaz, docente en el Heroico Colegio Militar.
Otros perfiles inscritos son Rafael Aranda Vollmer, ex director de Análisis del CISEN; Armando Hernández Cruz, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, y Luis Carlos Santander Botello, rector de la Universidad Politécnica de Bacalar.
Nombres polémicos como Pavel Arenas Landrave, abogado defensor del diputado morenista Benjamín Huerta, acusado de pederastia; Ubaldo Esteban Flores Rodríguez, ex fiscal en Veracruz, acusado de corrupción; y Gustavo Adolfo Pozas Márquez, catedrático de la Universidad de Morelos, a quien grupos feministas de estudiantes lo acusaron de acosador sexual, también figuran en la lista.
Algunos notarios como Gerardo Ambrosio González, Arturo Hernández Zamora y Carlos Axel Morales Paulin están inscritos.
También aparecen perfiles partidistas como Elvia Leticia Amezcua Fierros, asesora del Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del INE; Alejandro Zúñiga Avilés, ex concejal del PRI en la alcaldía Venustiano Carranza; Selene Lucía Vázquez Alatorre, militante de Morena y secretaria de la organización México contra la Impunidad; Miriam Saldaña Chairez, ex diputada local del PT; Jaime Miguel Castañeda Salas, que fue asesor del representante de Morena ante el INE; Rafael Arturo Balcázar Narro, suplente del exdiputado priista Pablo Basáñez, y Agustín González Cázares, fundador y dirigente del Frente Popular Francisco Villa.
Abogados institucionales también se inscribieron, tales como Carlos Rafael Arnold Ochoa, directivo de Grupo Banorte; Ligia Claudia González Lozano, ex directora jurídica de Grupo BAL y de Grupo ADO, y Horacio Vives Segl, director de Asuntos Estudiantiles del ITAM.
Mauricio Volpi Corona, director de la Nostra Ediciones; de órganos jurisdiccionales se anotaron Nora Elizabeth Urby Genel, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Gabriela Villafuerte Coello, magistrada de la Sala Regional Especializada del TEPJF, así como varios magistrados electorales de los estados.
Destacan también varios integrantes de la ponencia de Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, como Karem Rojo García, Erica Amézquita Delgado, Héctor Anzurez Galicia y Víctor Manuel Zorrilla.
Asimismo, una comisionada de transparencia, Arel Navarrete, integrante del pleno del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública; y Juan José Rivera Crespo, director del área de Responsabilidades en el Órgano Interno de Control del INAI, están apuntados.