El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes una orden emitida a académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de no publicar críticas en redes sociales que puedan causar daño a la dignidad de sus jefes, ni compartirlas en correos electrónicos.
En un comunicado publicado este lunes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó que esos compromisos no buscan restringir la libertad de expresión.
“Se orientan a garantizar dicho derecho —a la libertad de expresión — y a su vez, que las personas que laboran en la administración pública federal respeten todos los derechos humanos”, se lee en el desplegado.
La orden anunciada este fin de semana está dirigida a investigadores y empleados del CIDE, organismo independiente financiado por el Estado.
El CIDE ha sido un punto focal de resistencia a los intentos del presidente López Obrador de hacer que las instituciones académicas sean más nacionalistas, orientadas hacia el Estado y progubernamentales.
Los críticos dijeron que las nuevas normas equivalen a una “ley mordaza”, que le exige a cualquier persona relacionada con el centro abstenerse de difundir, mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona pública.
Juan Antonio García Palermo, científico de otro instituto de investigación financiado por el Estado, escribió el lunes en redes sociales: “No debemos perder de vista que las redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas donde se discuten los temas”.
No es el primer enfrentamiento del actual gobierno con académicos.
En abril, López Obrador promulgó una ley que hizo que el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) —que concede becas de investigación y otros financiamientos— incluyera a representantes del Ejército en su junta de gobierno.
En 2021, el Conacyt le ordenó a sus investigadores no criticar al organismo y señaló que cualquier comentario público que hicieran tenía que ser aprobado previamente por su oficina de prensa.