Entre abucheos y chiflidos de profesores jaliscienses que gritaban “libros, libros, libros”, el gobernador Enrique Alfaro hizo entrega de computadoras a docentes de primaria por parte del gobierno del estado y dijo que los libros de texto serán repartidos una vez que se resuelva de fondo la suspensión obtenida por la Unión Nacional de Padres de Familia para no “violar la ley” y respetar “la separación de poderes”.
A los cientos de docentes reunidos junto con sus líderes de las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no les pareció la explicación del gobernante y tanto a él como al alcalde Pablo Lemus, ambos del partido Movimiento Ciudadano, les reiteraron la rechifla.
“Hay en este momento una resolución judicial que establece que ese proceso de entrega está suspendido, es contundente y es clara. Lo digo con respeto para todos ustedes, no estamos debatiendo, estoy de acuerdo en que haya libros de texto, pero imagínense que llegamos a un momento en el que en este país cada quien decide si cumple la ley o no la cumple”, dijo Alfaro.
En entrevista con los medios de comunicación después del acto y pese a la evidencia del descontento, Alfaro negó que hubiera existido desacuerdo por parte de los docentes: “No hubo ninguna rechifla, los maestros quieren libros de texto y nosotros también, los libros de texto son un logro y un derecho de los mexicanos, nadie está en contra de los libros de texto”.
Insistió en que Jalisco tiene su modelo propio educativo denominado Recrea y que no existe “ningún riesgo” para que no arranque el ciclo escolar.
“Hay una disputa legal, en Jalisco se respeta la ley y la separación de poderes, no vamos a cometer un desacato, porque tenemos estudiado en que esa suspensión está vigente, cuando se levante se repartirán los libros de texto”, añadió.
Pero su explicación de respeto a la ley y a la separación de poderes, chocó de frente contra la suspensión definitiva 1487/2023-VII que, en otro tema, el juez federal Javier Delgadillo Quijas otorgó desde el 25 de julio pasado a diversos colectivos que interpusieron un juicio de amparo contra el ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno de Jalisco para obligarlos a colocar de nuevo y “de manera inmediata” el antimonumento 5J en el centro de la ciudad.
Dicha escultura, creada como memorial público para recordar que Jalisco es primer lugar nacional en personas desaparecidas y la represión ocurrida en 2020 contra cientos de jóvenes que fueron privados de su libertad y amenazados durante horas por policías de la Fiscalía de Jalisco en una jornada de protesta contra Alfaro, fue colocada el 5 de junio pasado y horas después en la noche, por órdenes de Alfaro y Lemus fue retirada, sin que hasta la fecha y pese al ordenamiento judicial no ha vuelto a ser repuesta en el sitio.