Al cumplirse un mes de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, la violencia desatada en ese estado durante este periodo ha dejado 192 asesinatos y 224 desapariciones forzadas, expuso este miércoles el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).
Además, 200 familias han sufrido desplazamiento forzado en el sur del estado, unos 1.500 negocios trabajan con horarios recortados, 180 negocios han cerrado y unos dos mil empleos formales se perdieron en septiembre, dijo la organización ciudadana que da seguimiento a la incidencia delictiva de Sinaloa.
Lejos de avizorar una cercana conclusión a este conflicto, conforme pasan los días se observa que la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, las actividades productivas, la economía y la salud socioemocional se descomponen cada vez más día a día”, expresó en conferencia de prensa Miguel Ángel Calderón Quevedo, coordinador del CESP.
“La gente vive con miedo, las escuelas están sin alumnos, los jóvenes son desaparecidos, las calles se quedan solas por las noches. Tenemos en puerta una emergencia social por el daño causado a los trabajadores, a la juventud, a pequeños y medianos empresarios, a comerciantes, a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables”, añadió.
En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades”, apuntó el coordinador del CESP en Ciudad de México.
Explicó que la violencia no es solo en Culiacán. “Los impactos de este conflicto son sufridos desde Elota y Eldorado, pasando por Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Concordia, hasta Escuinapa, principalmente en comunidades rurales del sur de Sinaloa”.
Según la versión del Gobierno mexicano, la disputa del narcotráfico, que registra en promedio seis víctimas al día, se desató el 9 de septiembre luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, entregó a Ismael ‘el Mayo’ Zambada en Estados Unidos el 25 de julio pasado en un avión.
Antes de dejar el poder, el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) minimizó la ola de violencia que padece el estado de Sinaloa y achacó a Estados Unidos la escalada de la misma, tras la captura de Zambada.
Ante este escenario, el CESP hizo un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al Congreso y a los alcaldes de los municipios afectados, para que implementen “medidas sociales que eviten la emergencia social”.
Y que convoquen “a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera”.
Este miércoles, Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa diaria que en Sinaloa “se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación. Inteligencia e investigación lo que tiene son dos cosas: una es atención a las causas, evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas, y la otra son detenciones”.
Cuestionada sobre el recorrido del gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la gobernante mexicana aseguró que los funcionarios se reunieron con la ciudadanía y el gobernador Rocha Moya, y acordaron reforzar la seguridad.
En ese sentido, dijo que en Sinaloa se implementará la estrategia nacional que presentó el martes basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con los estados.
El Gobierno mexicano ha desplegado más de dos mil 500 agentes de las Fuerzas Armadas ante la violencia en Sinaloa, pero los militares también han sugerido que el fin de los enfrentamientos depende de que el Cártel de Sinaloa deje las disputas entre sí.